No violarás


En una de las carreteras que entran a la ciudad de Guatemala vi una valla blanca con letras negras que decía “No violarás”. El mensaje era tan claro y contundente que pude imaginarme a un grupo de mujeres usándolo de consigna, repitiéndole a quien quiera oírlas que la violencia de género es una realidad y que los machos deben pagar por estos crímenes; recordándole a estos tipos que son unas bestias y que están cansadas de ser víctimas, que la violencia debe parar. Un par de kilómetros después pensé que el mensaje no es solo para esos “machos” que toman por la fuerza algo que no les pertence, que agreden, que lastiman. Esa advertencia dura y directa es solo una faceta de otro mandamiento más amplio, ese que dice “no iniciarás el uso de la fuerza contra otra u otras personas”.

Sé que hay muchas personas que no entienden este concepto, que piensan que tienen algún tipo de derecho de propiedad sobre los otros. Sé que esos depredadores que matan y violan son reales, que merecen un castigo porque ejercieron el uso de la fuerza contra otros. También sé que debo controlar al policía en mi cabeza para que sea justo. Debo entender la diferencia entre castigar a alguien por dañar a otro e intentar forzar a otro a que piense y actue como yo creo que debe hacerlo. Una cosa es ser crítico y decir lo que me parece que está bien o mal en el mundo, y otra muy diferente es hacer que otros acepten ciegamente lo que yo creo que está bien o mal. Yo no diría que hay que acabar con ese policía que vive dentro de cada uno de nosotros, creo que hay que entrenarlo para que sea un buen juez, para que critique lo que está mal, para que se abstenga de iniciar el uso de la fuerza contra los demás.

Una gráfica de la riqueza mundial


«El hombre que no hace más que labor física consume el valor material equivalente a su propia contribución al proceso de producción y no deja más valor ni para sí mismo ni para otros. Pero el hombre que produce una idea en cualquier campo de empeño racional el hombre que descubre nuevo conocimiento- es el permanente benefactor de la humanidad…». Ayn Rand en la Rebelión de Atlas

La impresionante imagen que compartimos del mundo fue titulada “The Walled World” por Gwynne Dyer del Japan Times.  La misma pretende representar cómo el planeta está siendo fortificado por los países desarrollados (los ricos) para alejarse de los países más pobres del mundo.  Según la gráfica, 14% de la población mundial vive en el mundo desarrollado y tiene el 73% de los ingresos mundiales.  Mientras que los países más pobres tienen el 86% de la población y sólo 27% de los ingresos.

Ahora, la gráfica puede utilizarse para explicar por qué esos países son pobres, cuáles son los países y por qué los países desarrollados se están fortificando para defenderse.  Sin embargo, hacer esto sólo nos permitiría cometer el mismo error que durante siglos se ha venido realizando.  Explicar la pobreza no nos dará nunca herramientas para aprender a acabar con ella.  Es necesario estudiar y conocer por qué esos países ricos (con sólo 14% de la población mundial) han conseguido generar casi 2/3 de la riqueza del mundo.

La riqueza de los países más desarrollados es el resultado de acciones individuales que a lo largo de décadas ha permitido que la productividad de esos países sea mayor.  Áreas del planeta como África y algunos países de América Latina no han siquiera desarrollado industrias que se asemejen al tamaño de las que hubo en Europa al inicio del a Revolución Industrial hace 200 años.

¿Pero a qué nos referimos con acciones individuales?

Todos los actos de un hombre son el resultado de ideas, de la toma de decisiones y la evaluación de costos de oportunidad.  Esas decisiones y costos de oportunidad pueden tomarse en base a la valoración moral que los individuos hagan de la fuente de todos los derechos: la vida humana.  Así, una persona puede decidir que su vida es lo más valioso que tiene o no.  En base a la defensa de este valor cardinal, un hombre puede decidir actuar y tomar decisiones que afectarán su vida y la de sus allegados.  Si una persona considera su vida el valor más grande que tiene, entonces la implementación del derecho a su vida la realizará a través del derecho de propiedad.  De esta manera, una persona considerará su vida y sus derechos de propiedad como valores cardinales para la toma de decisiones en cualquier circunstancia.

La fuente o raíz de la riqueza de los países desarrollados se encuentra en que fueron capaces de crear sistemas de gobierno que reconocieron en derecho de todos los hombres a su vida y a su propiedad.  Fue gracias a esto que la formación de estados que protegían los derechos de sus individuos y  que consideraban la propiedad privada como inalienable, que empezaron a desarrollarse industrias a finales del siglo XVIII.  Al lado de este desarrollo industrial, la oferta de puestos de trabajo aumento y millones de personas que vivían en el campo o se dedicaban a otros oficios empezaron a conseguir empleos en las fábricas.  Impresionante, pero real, en menos de 100 años los países europeos habían conseguido superar por varias veces las condiciones de vida, salarios y acceso a servicios para la mayoría de la población.  Lo anterior, jamás había ocurrido en la historia de la humanidad y desde entonces la riqueza de esos países ha continuado creciendo sin detenerse.

La evidencia del proceso anterior se encuentra en que la riqueza de estos países ha sido mayor en los lugares que ofrecieron certeza jurídica para los inversionistas al asegurarles la protección de sus propiedades, el reconocimiento de los derechos individuales de sus ciudadanos y la creación de legislaciones que no violaran ninguno de los derechos anteriores.  Solamente aquellos países que empezaron a otorgar derechos a usurpadores, que redistribuyeron la riqueza ajena y violaron los derechos de sus ciudadanos dejaron de crecer y sus ciudadanos migraron a pueblos más fértiles.

El gobierno, ¿un bandido invencible?


Intentar desmitificar la benevolencia de un gobierno democrático y representativo es una labor difícil y complicada.  Asegurar que el gobierno roba a los ciudadanos el fruto de su trabajo, esfuerzo e innovación suena aún más complicado.  Sin embargo, es necesario aclarar los motivos por los cuales el gobierno roba, expropia y ataca a los ciudadanos más pobres y a los más ricos por igual.

El gobierno está compuesto por un grupo oligarquico que administra un complejo aparato burocrático e institucional que nunca deja de crecer.  Esta oligarquía la componen políticos, burócratas y administradores que utilizan el erario público, ie. el total del tesoro expropiado a los ciudadanos, con el único fin de cumplir sus promesas de campaña política, favorecer los intereses de socios y prestamistas con la licitación de obras públicas y concretar su reelección por otro período de gobierno algunos años después.

Sin embargo, en ocasiones esta expropiación de la riqueza de los habitantes de un país no es suficiente para pagar los onerosos gastos realizados por la burocracia y alimentar sistemas corruptos en los cuales sólo algunos privilegiados adquieren millonarias licitaciones.  En esos momentos, en los que el gobierno deja de tener dinero suficiente para costear sus gastos, se activa un programa de “reformas fiscales” que tienen como único objetivo proveer de más dinero al gobierno mediante el robo de más dinero del pueblo que gobiernan.  Además, como ocurre con frecuencia, estas reformas impositivas no son suficientes y los paquetes de “reforma fiscal” incluyen el endeudamiento de los ciudadanos con la emisión de deudas a futuro y la impresión de dinero con bonos del gobierno.

El pago de impuestos es un robo legalizado por el gobierno ya que este tiene el poder de la ley para amenazar a quienes se nieguen a pagarlo.  Esta amenaza la presentan reclamando que “ellos” utilizarán el dinero expropiado para redistribuirlo con quienes menos dinero tienen.  Sin embargo, este proceso de redistribución usualmente implica la redistribución de la riqueza de algunos para el beneficio de nuevos ricos que trabajan mano a mano con la oligarquía gobernante.

Un gran economista, Joseph Schumpeter, dijo que los impuestos eran algo parecido a las contribuciones de un club elite, donde cada persona voluntariamente paga su parte de gastos al club.  Sin embargo, este pago se diferencia en que, con el gobierno, intentar no pagar los impuestos implicaría el cobro de multas y probablemente el encarcelamiento.  Así, el gobierno suele expropiar el dinero del grupo de gente que menor capacidad tiene para defenderse.  El dinero, de cualquier reforma fiscal, es finalmente robado a los más pobres que suelen ser la mayoría de la población y que, a la vez, consumen la mayor cantidad de productos a precios más caros debido a factores como la perdida de valor de la moneda por causa de la inflación y por el aumento de la tasa impositiva en algunos productos que impulsan las reformas fiscales.

En conclusión, cualquier reforma fiscal que requiera aumentar impuestos y/o emitir bonos de endeudamiento es un acto de robo legalizado contra toda la población de un país y sus efectos marginales son sentidos en mayor cantidad por las personas más pobres.  En esencia, el robo de dinero a través de impuestos que utiliza el gobierno es un juego de suma cero en la cual la población siempre saldrá perdiendo.

No olvidemos las palabras del gran economista Murray Rothbard que  dijo que “el estado es el robo organizado, el saqueo organizado, la explotación organizada, y su esencial naturaleza se destaca por el hecho de que el estado siempre usa el instrumento de los impuestos.”  ¿qué opinan?

El precio que pagaríamos por Belice


¨Son los juicios de valor del consumidor, en última instancia, lo que determina los precios.  Éstos son el resultado de la valoración que prefiere a o b. Son fenómenos sociales en cuanto producidos por el mutuo efecto que provocan las respectivas valoraciones de todos los que operan en el mercado.  Cada uno de nosotros, comprando o dejando de comprar y vendiendo o dejando de vender, contribuye personalmente a la formación de los precios del mercado”.  Ludwig von Mises en la obra Acción Humana.  Tratado de Economía.

Los gobiernos de Guatemala y Belice deberán realizar consultas populares para decidir el destino de un territorio que ha reclamado su independencia desde que el 21 de septiembre de 1981 el gobierno del Reino Unido se la otorgase.  El gobierno de Guatemala, que reclama la soberanía sobre ese territorio, rechazado la independencia de este territorio y ha puesto una denuncia en la Corte Internacional de Justicia en base a pruebas que ya demostraron la legalidad de su reclamo territorial.

En el año 1991 el gobierno de Guatemala reconoció la soberanía del gobierno beliceño y desde entonces se inició un proceso que busca establecer la delimitación de fronteras que beneficien a ambos gobiernos (el territorio actual en litigio es de 12,700 km²).  Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Internacional de Justicia (CIJ, por sus siglas) y será necesario realizar consultas populares en ambos países para determinar el rumbo a seguir.

Esta consulta popular deberá decidir no sobre si Belice es de Guatemala o no; sino solamente autorizará que el acuerdo realizado por Guatemala y Belice sea llevado a la Corte Internacional de Justicia en la Haya.  Ahí, la Corte tomará una decisión en base a un arbitraje fundamentado en el derecho y su decisión será definitiva.  Ambos gobiernos se comprometerán a acatar la decisión de la Cámara de Arbitraje de la CIJ.

Sin duda, esta resolución permitirá alcanzar un acuerdo definitivo a un litigio de más de 100 años de duración.  La pregunta que nos hacemos ahora es si este sistema será el más objetivo y si realmente responderá a los intereses de los ciudadanos de ambos países.

El Derecho Internacional se fundamenta en una colección de razones jurídicas que pretenden regular las relaciones entre Estados de una manera justa, ética, igualitaria, legal y de buena fe.  Sus resultados suelen ser, en la mayoría de los casos, de acuerdo al derecho (léase, de acuerdo a los enunciados normativos del orden jurídico vigente).  Sin embargo, muchas de sus decisiones no responden a lo más justo, ético e igualitario y no responde a un decisión en la que ambos países ganarán.  Por definición, en el derecho solamente una de las partes involucradas obtendrá un mayor beneficio que la otra.  En el caso de Belice, uno de estos países, y sus habitantes, saldrá perdedor cuando la CIJ decida el curso a seguir en base al Derecho Internacional.

Entonces, ¿cuál podría ser un  mecanismo más eficiente y de ganancia positiva para decidir este caso?

Quizás uno de los mecanismos más eficientes y justos sería intentar hacer una valoración de lo que realmente vale Belice para los ciudadanos de ambos países.  Esto permitiría conseguir determinar el precio de Belice y, a la vez la autodeterminación de los ciudadanos de ambos países de la misma manera en que determinariamos el precio de un bien de intercambio.  Utilizar un sistema como este nos permitiría conocer cuáles son los juicios de valor que guatemaltecos y beliceños tienen por ese territorio.

Así, estas personas deberían entender que el territorio de Belice posee 22,966 km² de áreas explotables que actualmente sostienen una economía con un PIB de US$ 2.046 millones (2005).  La pregunta, de hacerse una consulta popular, debería hacerse así:

Se debería preguntar cuánto estarían dispuestos a pagar por la soberanía del territorio beliceño y luego dividir la cantidad de dinero recaudado por la población de cada país para obtener un precio que se acerque lo más posible a un precio de mercado.

Supongamos este ejemplo:

Se realiza una consulta popular en ambos países y los votantes deciden pagar X cantidad de dinero de sus bolsillos para ponerle un precio a lo que consideran preferir (el juicio de valor será entre el dinero que tienen en el bolsillo y el valor subjetivo que para ellos tiene el territorio en litigio).

Luego, se cuenta el dinero ofrecido por los ciudadanos guatemaltecos y los resultados demuestran que en Guatemala pagaron US$100 millones mientras que en Belice se pagaron un total de US$25 millones en Belice.  Estas cantidades se deberían dividir entre el dinero recibido y el número de votantes.

Así, en Guatemala se encontraban inscritos 8 millones de votantes y en Belice estaban inscritos 250,000 votantes.

Guatemala – US$100 millones / 8 millones de votantes inscritos = US$ 12.5 dólares por persona.

Belice – US$25 millones / 250,000 votantes inscritos = US$100.00 dólares por persona.

Hacer una consulta de esta manera, aseguraría que la valoración de Belice sea entregada a quienes están dispuestos a pagar más por ella (en el caso de este ejemplo, a los 250,000 beliceños que pagaron US$100.00 en promedio a cambio de establecer un gobierno propio e independiente de Guatemala).

En esta decisión, saldría beneficiado aquel país que valore más la propiedad del territorio y cumpliría con mayor eficiencia en el establecimiento de lo que se considera justo, ético e igualitario.  Cada una de las partes involucradas atribuiría mayor valor a lo que recibe a cambio por ese país.  En este caso, el tipo de intercambio, el precio, es el resultado del fruto de la valoración que los ciudadanos de un país están dispuestos a pagar por el control soberano del mismo.

Las relaciones internacionales, de la misma manera que el intercambio en el comercio internacional, se genera mediante la reiteración de actos de intercambio individuales que parten de individuos.  Un gobierno no existiría sin ciudadanos que lo conformen, un país no sería soberano si no contara con el reconocimiento de individuos en su territorio, y el reconocimiento de individuos en países extranjeros.  Al igual que en el comercio exterior, es un fatal error considerar que todo aquello pertinente bajo un calificativo de “internacional”, “exterior”, “global” o “mundial” ha dejado de ser la suma reiterativa de la participación de individuos.  Y, por lo tanto, pretender solucionar un conflicto territorial sin la participación de los ciudadanos que en él habitan es el resultado de la fatal arrogancia de burócratas internacionales y políticos de nuestros países.

Ludwig von Mises escribió un capítulo completo en su Tratado de Economía para comentar la manera en que se forman los precios de todas las cosas que existen en este planeta, e incluso, de las que aún no existen (Capítulo XVI de la obra Acción Humana. Tratado de Economía.).  Su postura busca explicar a los seres humanos que son juicios de valor subjetivos los que dan el valor de intercambio a los bienes y no la imposición de ningún ente o grupo de personas y políticos.  Es importante comprender que, como Mises dijo, “la concatenación del mercado es el resultado de las actividades de empresarios, promotores, especuladores y negociantes en futuros y arbritraje” y que lo mismo podría decirse de las decisiones que deberían tomarse en las relaciones internacionales.

Si acaso se pretende conseguir algún día vivir en un mundo pacífico, es necesario reconocer que la única solución para alcanzar la paz debe partir del reconocimiento soberano de las decisiones que cada individuo tienen sobre el país en el que viven y pagan sus impuestos.

Guatemala es un país cada vez más pobre


En 1996, año de la firma de los acuerdos de paz, el país debía Q17 mil 562 millones; casi tres lustros más tarde, la deuda asciende a Q71 mil 765 millones, entre interna y externa, lo que implica un aumento de 308 por ciento.

El día de ayer se publicó una nota sobre el endeudamiento de Guatemala durante los últimos 15 años (Endeudamiento pone en riesgo el futuro del país.  Prensa Libre). El artículo menciona los potenciales riesgos a mediano y largo plazo que se presentarán en la economía si acaso el país continuaba endeudándose a ese ritmo. Sin embargo, el articulo y los entrevistados obviaron explicar la naturaleza de la deuda pública de un gobierno y sus efectos negativos para los ciudadanos.

El gobierno es una institución surgida para proveer a los ciudadanos de certeza jurídica y seguridad. Estas atribuciones, que los defensores de un gobierno mínimo y limitado consideran necesarias, han aumentado para abarcar otras áreas que sus supuestos beneficiarios han nombrado de “interés público”, “de bien común” y/o de “necesidad pública”. Esto, ha permitido que el gobierno limitado y mínimo creciera hasta convertirse en una organización que emplea a cientos de miles de guatemaltecos y que utiliza más de 47 mil millones de quetzales (aprox. 5,6 billones de dólares) anualmente para funcionar. Más preocupante aún, es que en el último año el Gobierno utilizó Q31 mil 160 millones para funcionamiento del Estado y Q12 mil 548.3 millones en capital (inversión).

Este dinero, que debería ser obtenido a través del pago de impuestos de los ciudadanos de Guatemala es sin embargo insuficiente. Así, el gobierno de Guatemala durante muchos años ha debido incurrir en la creación de dinero (a través del Banco de Guatemala) para pagar con deuda pública el déficit del presupuesto de la Nación.

Ludwig von Mises, uno de los economistas más importantes del siglo XX definió la deuda pública como un mecanismo artificial para crear una fuente inagotable de riqueza utópico y nocivo. Según Mises explica,

Dentro de la sociedad de mercado sólo se puede adquirir y conservar la riqueza sirviendo acertadamente a los consumidores. El estado puedo imponer cargas tributarias a sus súbditos, así como tomar a préstamo el dinero de éstos. Ahora bien, ni el más despiadado gobernante logra violentar a la larga las leyes que rigen la vida y la acción humana. (…) Si el estado invierte desacertadamente los fondos y esa diferencia (atender las necesidades de los consumidores) no se produce, o bien se emplea el dinero en gastos corrientes, el capital disminuirá e incluso desaparecerá totalmente, cegándose aquella única fuente que había de producir las cantidades necesarias para el pago de principal e intereses.

Anualmente, el gobierno malgasta el dinero de los guatemaltecos y lo despilfarra en la supuesta redistribución de la riqueza para el beneficio de los más pobres. Así, los ciudadanos son una vez más manipulados, engañados y obligados al pago de tributos con el único fin de sostener una institución irresponsable e ineficiente que no justifica el endeudamiento forzoso que nos hace cada día más pobres.

La única solución al actual déficit del Presupuesto de la Nación es la reducción del mismo. En el largo plazo, el pago que el gobierno haga de la deuda pública servirá solamente para abonar intereses por un capital que se ha consumido y ya no existe. El que exista una deuda pública del gobierno es sólo el reflejo de torpes actuaciones del pasado que no deben continuar ocurriendo.