Las transferencias condicionadas en América Latina

En los últimos años los gobiernos latinoamericanos han mezclado de manera singular una ideología de redistribución de la riqueza con un discurso populista electoral que ha buscado maletiquetarse como una ideología de social democracia.  Entre este discurso y las acciones que han tomado para conseguir votos, una de las actvs. más populares han sido las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE por sus siglas) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC).

En la última década, las Transferencias Condicionadas de Efectivo han sido implementadas en Brasil (Bolsa Familiar), México (Oportunidades), Colombia (Familias en acción), Chile (Chile solidario), Guatemala (Mi familia progresa y TCEs) y El Salvador (Red Solidaria y luego, Comunidades solidarias rurales).  Las TCE benefician a 20% de la población latinoamericana y caribeña en claras condiciones de vulnerabilidad y es de suponer que el éxito de estos programas para conseguir votos continúe aumentando.

¿Qué son las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)?

Las TCE son transferencias de dinero recibidas por los grupos más pobres de un país con la intención de proveerlos de los medios básicos de subsistencia a cambio de que envíen a sus hijos al sistema público de educación y salud.

Esta medida supone que los padres receptores del dinero podrán tener el efectivo suficiente para dejar de enviar a sus hijos a trabajar (reducir el % de menores de edad que trabaja) y conseguir el alimento para suplir con las necesidades nutricionales diarias básicas de un ser humano (aumentar los % de salud).  Este dinero está condicionado con la presentación de reportes que confirman la asistencia a centros educativos y de salud  de niños y padres.

¿Cuál es el origen de este dinero?

El dinero utilizado para las TCE proviene de la redistribución del erario público del gobierno y es transferido desde las carteras de Salud, Educación y/o de ministerios y dependencias creadas específicamente para la organización de estas transferencias.  Los porcentajes de TCE del total del PIB varían de acuerdo a los países y según los últimos datos de la CEPAL, el gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, en términos absolutos (de 445 a 880 dólares por persona) y relativos (de 12,3% a 18,4% del PIB).  Esto según explica la CEPAL y de acuerdo con los antecedentes disponibles de siete países aumentó el gasto social pese a que la mayoría registró una caída absoluta del PIB.   Según el informe, «varios ya habían efectuado incrementos del gasto social en 2008, y 5 de los 7 países hicieron un esfuerzo aún mayor en 2009 (el Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá). Si bien los restantes también aumentaron su gasto social, lo hicieron a un ritmo menor que en 2008» (véase el gráfico 14 y 15). (Vía Panorama social de América Latina 2010) Incluso, hay países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay que enfrentan un déficit fiscal excesivo por la implementación de estos programas y se ha requerido de la movilización de recursos adicionales de otras obligaciones del Estado como la eguridad y las donaciones de la  cooperación internacional.

¿Qué efectos a corto, mediano y largo plazo han tenido los TCE para América Latina?

A corto y mediano plazo estas medidas desembocan en sistemas sociales de esclerosis social y cultural que promueven la dependencia de los más pobres con respecto al Estado (y viceversa), generan múltiples incentivos de auto-realización y ampliación de los programas sin importar el efectivo disponible en los presupuestos públicos.  Estos programas aumentan su impacto social sin ser consistentes al aumento de la recaudación de impuestos de un país y/o su crecimiento económico.  Los datos han demostrado que en los años de aumento de los TCE las economías han visto una caída absoluta del PIB no sólo por causa de las TCE sino también de las recientes  crisis financieras.

A largo plazo, las TCE han permitido la proliferación de políticas de redistribución de la riqueza electoral-populista que han institucionalizado la dependencia, la cantidad de personas sostenidas por el gobierno y una preocupante reducción de las fuentes de ingreso del fisco.  Por simple aritmética, el resultado terminará muy pronto siendo negativo.

¿Hay otras opciones para ayudar a los más pobres?

El gobierno tiene como responsabilidad asegurar la defensa de los derechos individuales y esto incluye la protección de los derechos de propiedad de todos sus ciudadanos.  Es obligación del gobierno utilizar los impuestos tomados de sus contribuyentes para el beneficio de los mismos en materias de seguridad defensiva (ejército), seguridad interna (policía y juzgados), seguridad de emergencia (hospitales y servicios de emergencia de salud) sin que esto implique la redistribución de la riqueza y la creación de privilegios de ciertos grupos favorecidos sobre otros. Una de las críticas más serias que se ha hecho contra las TCE ha sido que estas transferencias han tenido siempre errores en la selección de beneficiarios: exclusión de hogares pobres e inclusión de hogares no pobres pues es imposible alcanzar una focalización perfecta (Adato, Boltvinik & Damián, La pobreza en México y el mundo: Realidades y desafíos. Siglo XXI Editores, México. 2004).

Es responsabilidad de padres e hijos buscar la auto-ayuda y colaboración familiar para asegurarse un acceso a las necesidades nutricionales diarias de toda la familia a pesar de que esto implique el trabajo de menores.  Es responsabilidad de los padres asegurarse este alimento y luego, sólo cuando sea posible, enviar a sus hijos a recibir la mejor educación que su poco (o mucho) dinero pueda permitirles pagar.  Eliminar los incentivos negativos del gobierno estableciendo salarios condicionados a los padres coadyuvará al desarrollo de sociedades más productivas, emprendedoras, menos pobres y más educadas.

Finalmente, debido a que el sistema económico-social en que Latino América ha sido fundado responde a una filosofía de vida que se sostiene en la redistribución de la riqueza y el altruismo, es imposible eliminar estos programas de la noche a la mañana.  Es necesario sostener programas de cientos de millones de dólares destinados a la salud, la educación, las pensiones y el bienestar social de los ciudadanos más pobres debido a su condición histórica y social. Sin embargo, sí es indispensable empezar a reducir drásticamente la inversión en estos programas para asegurar el crecimiento sostenible de los países, su desarrollo y enriquecimiento económico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y quizás, algún día,  asegurar la vida en sistemas legales que no otorgan privilegios y permiten a los seres humanos realizarse plenamente.

Guatemala es un país cada vez más pobre

En 1996, año de la firma de los acuerdos de paz, el país debía Q17 mil 562 millones; casi tres lustros más tarde, la deuda asciende a Q71 mil 765 millones, entre interna y externa, lo que implica un aumento de 308 por ciento.

El día de ayer se publicó una nota sobre el endeudamiento de Guatemala durante los últimos 15 años (Endeudamiento pone en riesgo el futuro del país.  Prensa Libre). El artículo menciona los potenciales riesgos a mediano y largo plazo que se presentarán en la economía si acaso el país continuaba endeudándose a ese ritmo. Sin embargo, el articulo y los entrevistados obviaron explicar la naturaleza de la deuda pública de un gobierno y sus efectos negativos para los ciudadanos.

El gobierno es una institución surgida para proveer a los ciudadanos de certeza jurídica y seguridad. Estas atribuciones, que los defensores de un gobierno mínimo y limitado consideran necesarias, han aumentado para abarcar otras áreas que sus supuestos beneficiarios han nombrado de “interés público”, “de bien común” y/o de “necesidad pública”. Esto, ha permitido que el gobierno limitado y mínimo creciera hasta convertirse en una organización que emplea a cientos de miles de guatemaltecos y que utiliza más de 47 mil millones de quetzales (aprox. 5,6 billones de dólares) anualmente para funcionar. Más preocupante aún, es que en el último año el Gobierno utilizó Q31 mil 160 millones para funcionamiento del Estado y Q12 mil 548.3 millones en capital (inversión).

Este dinero, que debería ser obtenido a través del pago de impuestos de los ciudadanos de Guatemala es sin embargo insuficiente. Así, el gobierno de Guatemala durante muchos años ha debido incurrir en la creación de dinero (a través del Banco de Guatemala) para pagar con deuda pública el déficit del presupuesto de la Nación.

Ludwig von Mises, uno de los economistas más importantes del siglo XX definió la deuda pública como un mecanismo artificial para crear una fuente inagotable de riqueza utópico y nocivo. Según Mises explica,

Dentro de la sociedad de mercado sólo se puede adquirir y conservar la riqueza sirviendo acertadamente a los consumidores. El estado puedo imponer cargas tributarias a sus súbditos, así como tomar a préstamo el dinero de éstos. Ahora bien, ni el más despiadado gobernante logra violentar a la larga las leyes que rigen la vida y la acción humana. (…) Si el estado invierte desacertadamente los fondos y esa diferencia (atender las necesidades de los consumidores) no se produce, o bien se emplea el dinero en gastos corrientes, el capital disminuirá e incluso desaparecerá totalmente, cegándose aquella única fuente que había de producir las cantidades necesarias para el pago de principal e intereses.

Anualmente, el gobierno malgasta el dinero de los guatemaltecos y lo despilfarra en la supuesta redistribución de la riqueza para el beneficio de los más pobres. Así, los ciudadanos son una vez más manipulados, engañados y obligados al pago de tributos con el único fin de sostener una institución irresponsable e ineficiente que no justifica el endeudamiento forzoso que nos hace cada día más pobres.

La única solución al actual déficit del Presupuesto de la Nación es la reducción del mismo. En el largo plazo, el pago que el gobierno haga de la deuda pública servirá solamente para abonar intereses por un capital que se ha consumido y ya no existe. El que exista una deuda pública del gobierno es sólo el reflejo de torpes actuaciones del pasado que no deben continuar ocurriendo.

Políticas mercantilistas y el tipo de cambio del Quetzal

Si la actividad inflacionaria no hubiera incrementado los ingresos nominales de los consumidores nacionales, la gente, al elevarse el coste de las divisas, se habría visto obligada a restringir su consumo de productos nacionales o extranjeros.  En el primer caso, las exportaciones se habrían ampliado, mientras que en el segundo se habrían restringido las importaciones.  Y así, la balanza comercial pronto habría de mostrar un saldo de esos que los mercantilistas califican de favorables

No debe atribuirse a una supuesta escasez de dinero el que una persona carezca de numerario bastante para comprar pan a su vecino el panadero.  Lo mismo sucede en el comercio internacional.  Un país puede hallarse en la desagradable posición de no poder vender al extranjero todas aquellas mercancías que necesitaría exportar para adquirir los alimentos que sus ciudadanos desean.  Pero ello no significa que escaseen las divisas extranjeras, sino que los residentes son pobres.  Y, por supuesto, la inflación interna no es un medio idóneo para remediar la pobreza.Mises, Ludwig von (2001).  La Acción Humana. Tratado de Economía. (Guatemala). 6a. Edición. p. 521

Estas citas de la Acción Humana discuten los efectos negativos que crea una Junta Monetaria que manipula los medios fiduciarios mediante la emisión y cración de inflación.  Ese caso es el observado en Guatemala desde hace bastantes años con el uso de una perniciosa -bomba- política económica que permitió el endeudamiento lento, el surgimiento de una Junta Monetaria especuladora y mercantilista, el alza de los costes de vida a niveles insospechables (Guatemala es uno de los países con el coste de vida más caro y uno de los más pobres de América Latina), la lenta y constante pérdida del poder adquisitivo del quetzal.

Síntesis

El quetzal se ha depreciado

En el contexto de una crisis económica, la moneda nacional ha sido afectada.

• Al comparar el 24 de octubre del 2008 con el mismo día del 2009, el tipo de cambio ha subido 11.33 por ciento, al pasar de Q7.50115 por US$1 a Q8.35165.

• El quetzal perdió fortaleza durante este año (7.46 por ciento) frente al dólar de EE. UU., lo cual lo convierte en la segunda moneda que más se ha depreciado en Latinoamérica. Nuestra moneda solo es superada por el peso argentino, con 10.52 por ciento.

• Analistas sugieren responsabilidad en el déficit fiscal para fortalecer la economía.

Fuente: Prensa Libre

Y es que, nos encontramos a las puertas de una depreciación lenta y controlada del poder adquisitivo de todos los guatemaltecos.  Porque la devaluación del quetzal no sólo afecta a los grandes importadores e inversionistas.  La depreciación lenta y constante del quetzal ha creado mecanismos bancarios que empobrecen a los guatemaltecos.

Hugo Maúl, investigador del CIEN, discute el tema en el artículo «el alza del dólar es una luz roja de alerta«; sin embargo, su conclusión parece indicar que es el dólar el causante de la depreciación del quetzal y eso no es cierto.  Los motivos causantes de la depreciación del quetzal son absolutamente responsabilidad de políticas de gobierno y decisiones de política monetaria realizadas por guatemaltecos.

Así, las acciones necesarias para afrontar la devaluación del Quetzal son estructurales ie. a) Responsabilizar a la Junta Monetaria de las políticas de control y desestímulo económico que han fomentado en aras de perpetuar su influencia mercantilista, b) Reconocer el valor efectivo real del quetzal y permitir que el mercado se regule sin la intervención de políticas monetarias. c) Eliminar el impuesto sobre la renta como un mecanismo que permita el ahorro a los guatemaltecos. d) Eliminar barreras arancelarias que desestimulan el ingreso de importaciones al país y permiten la creación de acciones mercantilistas. e) Detener el endeudamineto externo, privado y público, y exigir que cualquier compromiso de endeudamiento futuro no sea empleado para el pago de deudas contraidas por el gobierno. f) Bloquear el acceso al presupuesto del Gobierno de Guatemala de proyectos que se fundamentan en  postura socialista de redistribución de la riqueza mediante programas de -supuesta- ayuda social.

Porque sólo tomando estas y más acciones de reforma estructural podremos evitar la depreciación y empobrecimiento de los guatemaltecos.  Esta es la única manera en que se modificarán las expectativas del valor del quetzal a futuro y el tipo de cambio empezará a reflejarlo.