Igualdad ante la ley e igualdad de oportunidades

Cuando competimos lo hacemos para establecer nuestras diferencias, nos interesa saber quién es más rápido, más hábil, más eficiente. No competimos para demostrar que somos iguales. En este corto animado, el doctor Manuel Ayau nos explica la diferencia entre igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades. Pueden encontrar más videos sobre éste y otros temas interesantes en la página de New Media, UFM.

Y sí, existe el Día mundial de la Justicia Social

Para mí, hasta el día de hoy, el 20 de febrero sólo era el día nacional de Tecún Umán y de la marimba, pero me enteré de que también es el día mundial de la Justicia socia. Admito que esto me sorprendió porque no pensé que se celebrara, de alguna manera, algo cuya definición es tan amplia y poco específia. Según Wikipedia, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió ese día para que cada uno de sus Estados Miembros promueva, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

De acuerdo con ellos, “la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos es el núcleo de nuestra misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana. La adopción por la Organización Internacional del Trabajo de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa es sólo un ejemplo reciente del compromiso del sistema de las Naciones Unidas para la justicia social. La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. (…) La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Ante la proximidad de la Conferencia de Río +20 sobre el Desarrollo Sostenible, tenemos la oportunidad de reformular un conjunto de estrategias de desarrollo y prácticas empresariales que nos conduzcan hacia un futuro más sostenible y equitativo. La sostenibilidad depende de la creación de mercados que sean capaces de distribuir mejor los beneficios del desarrollo. Significa cubrir la creciente demanda de los consumidores de productos y servicios más ecológicos. Y significa también sentar las bases para que todos vivamos con dignidad, estabilidad y oportunidades. En nuestro empeño por lograr esta transformación debemos, al mismo tiempo, integrar la inclusión social en nuestras políticas y en todas nuestras iniciativas.”

¿Por qué pienso que es una definición poco específica? Porque abarca tantos ámbitos que no se ocupa de algo concreto. En sus Máximas Capitales, Epicuro establece que “lo justo según la naturaleza es un acuerdo de lo conveniente para no hacerse daño unos a otros ni sufrirlo”, además, dice que “la justicia no era desde un comienzo algo por sí mismo, sino un cierto pacto sobre el no hacer ni sufrir daño surgido de las relaciones de unos y otros en lugares y ocasiones determinados”. La justicia debe establecerse en base a una relación entre dos partes, la injusticia se dará cuando una parte dañe a la otra y la justicia cuando la parte que ocasiona el mal compense a la parte dañada.

Las transferencias condicionadas en América Latina

En los últimos años los gobiernos latinoamericanos han mezclado de manera singular una ideología de redistribución de la riqueza con un discurso populista electoral que ha buscado maletiquetarse como una ideología de social democracia.  Entre este discurso y las acciones que han tomado para conseguir votos, una de las actvs. más populares han sido las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE por sus siglas) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC).

En la última década, las Transferencias Condicionadas de Efectivo han sido implementadas en Brasil (Bolsa Familiar), México (Oportunidades), Colombia (Familias en acción), Chile (Chile solidario), Guatemala (Mi familia progresa y TCEs) y El Salvador (Red Solidaria y luego, Comunidades solidarias rurales).  Las TCE benefician a 20% de la población latinoamericana y caribeña en claras condiciones de vulnerabilidad y es de suponer que el éxito de estos programas para conseguir votos continúe aumentando.

¿Qué son las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)?

Las TCE son transferencias de dinero recibidas por los grupos más pobres de un país con la intención de proveerlos de los medios básicos de subsistencia a cambio de que envíen a sus hijos al sistema público de educación y salud.

Esta medida supone que los padres receptores del dinero podrán tener el efectivo suficiente para dejar de enviar a sus hijos a trabajar (reducir el % de menores de edad que trabaja) y conseguir el alimento para suplir con las necesidades nutricionales diarias básicas de un ser humano (aumentar los % de salud).  Este dinero está condicionado con la presentación de reportes que confirman la asistencia a centros educativos y de salud  de niños y padres.

¿Cuál es el origen de este dinero?

El dinero utilizado para las TCE proviene de la redistribución del erario público del gobierno y es transferido desde las carteras de Salud, Educación y/o de ministerios y dependencias creadas específicamente para la organización de estas transferencias.  Los porcentajes de TCE del total del PIB varían de acuerdo a los países y según los últimos datos de la CEPAL, el gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, en términos absolutos (de 445 a 880 dólares por persona) y relativos (de 12,3% a 18,4% del PIB).  Esto según explica la CEPAL y de acuerdo con los antecedentes disponibles de siete países aumentó el gasto social pese a que la mayoría registró una caída absoluta del PIB.   Según el informe, «varios ya habían efectuado incrementos del gasto social en 2008, y 5 de los 7 países hicieron un esfuerzo aún mayor en 2009 (el Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá). Si bien los restantes también aumentaron su gasto social, lo hicieron a un ritmo menor que en 2008» (véase el gráfico 14 y 15). (Vía Panorama social de América Latina 2010) Incluso, hay países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay que enfrentan un déficit fiscal excesivo por la implementación de estos programas y se ha requerido de la movilización de recursos adicionales de otras obligaciones del Estado como la eguridad y las donaciones de la  cooperación internacional.

¿Qué efectos a corto, mediano y largo plazo han tenido los TCE para América Latina?

A corto y mediano plazo estas medidas desembocan en sistemas sociales de esclerosis social y cultural que promueven la dependencia de los más pobres con respecto al Estado (y viceversa), generan múltiples incentivos de auto-realización y ampliación de los programas sin importar el efectivo disponible en los presupuestos públicos.  Estos programas aumentan su impacto social sin ser consistentes al aumento de la recaudación de impuestos de un país y/o su crecimiento económico.  Los datos han demostrado que en los años de aumento de los TCE las economías han visto una caída absoluta del PIB no sólo por causa de las TCE sino también de las recientes  crisis financieras.

A largo plazo, las TCE han permitido la proliferación de políticas de redistribución de la riqueza electoral-populista que han institucionalizado la dependencia, la cantidad de personas sostenidas por el gobierno y una preocupante reducción de las fuentes de ingreso del fisco.  Por simple aritmética, el resultado terminará muy pronto siendo negativo.

¿Hay otras opciones para ayudar a los más pobres?

El gobierno tiene como responsabilidad asegurar la defensa de los derechos individuales y esto incluye la protección de los derechos de propiedad de todos sus ciudadanos.  Es obligación del gobierno utilizar los impuestos tomados de sus contribuyentes para el beneficio de los mismos en materias de seguridad defensiva (ejército), seguridad interna (policía y juzgados), seguridad de emergencia (hospitales y servicios de emergencia de salud) sin que esto implique la redistribución de la riqueza y la creación de privilegios de ciertos grupos favorecidos sobre otros. Una de las críticas más serias que se ha hecho contra las TCE ha sido que estas transferencias han tenido siempre errores en la selección de beneficiarios: exclusión de hogares pobres e inclusión de hogares no pobres pues es imposible alcanzar una focalización perfecta (Adato, Boltvinik & Damián, La pobreza en México y el mundo: Realidades y desafíos. Siglo XXI Editores, México. 2004).

Es responsabilidad de padres e hijos buscar la auto-ayuda y colaboración familiar para asegurarse un acceso a las necesidades nutricionales diarias de toda la familia a pesar de que esto implique el trabajo de menores.  Es responsabilidad de los padres asegurarse este alimento y luego, sólo cuando sea posible, enviar a sus hijos a recibir la mejor educación que su poco (o mucho) dinero pueda permitirles pagar.  Eliminar los incentivos negativos del gobierno estableciendo salarios condicionados a los padres coadyuvará al desarrollo de sociedades más productivas, emprendedoras, menos pobres y más educadas.

Finalmente, debido a que el sistema económico-social en que Latino América ha sido fundado responde a una filosofía de vida que se sostiene en la redistribución de la riqueza y el altruismo, es imposible eliminar estos programas de la noche a la mañana.  Es necesario sostener programas de cientos de millones de dólares destinados a la salud, la educación, las pensiones y el bienestar social de los ciudadanos más pobres debido a su condición histórica y social. Sin embargo, sí es indispensable empezar a reducir drásticamente la inversión en estos programas para asegurar el crecimiento sostenible de los países, su desarrollo y enriquecimiento económico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y quizás, algún día,  asegurar la vida en sistemas legales que no otorgan privilegios y permiten a los seres humanos realizarse plenamente.