Las transferencias condicionadas en América Latina


En los últimos años los gobiernos latinoamericanos han mezclado de manera singular una ideología de redistribución de la riqueza con un discurso populista electoral que ha buscado maletiquetarse como una ideología de social democracia.  Entre este discurso y las acciones que han tomado para conseguir votos, una de las actvs. más populares han sido las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE por sus siglas) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC).

En la última década, las Transferencias Condicionadas de Efectivo han sido implementadas en Brasil (Bolsa Familiar), México (Oportunidades), Colombia (Familias en acción), Chile (Chile solidario), Guatemala (Mi familia progresa y TCEs) y El Salvador (Red Solidaria y luego, Comunidades solidarias rurales).  Las TCE benefician a 20% de la población latinoamericana y caribeña en claras condiciones de vulnerabilidad y es de suponer que el éxito de estos programas para conseguir votos continúe aumentando.

¿Qué son las Transferencias Condicionadas de Efectivo (TCE) o Programas de Transferencias Condicionadas (PTC)?

Las TCE son transferencias de dinero recibidas por los grupos más pobres de un país con la intención de proveerlos de los medios básicos de subsistencia a cambio de que envíen a sus hijos al sistema público de educación y salud.

Esta medida supone que los padres receptores del dinero podrán tener el efectivo suficiente para dejar de enviar a sus hijos a trabajar (reducir el % de menores de edad que trabaja) y conseguir el alimento para suplir con las necesidades nutricionales diarias básicas de un ser humano (aumentar los % de salud).  Este dinero está condicionado con la presentación de reportes que confirman la asistencia a centros educativos y de salud  de niños y padres.

¿Cuál es el origen de este dinero?

El dinero utilizado para las TCE proviene de la redistribución del erario público del gobierno y es transferido desde las carteras de Salud, Educación y/o de ministerios y dependencias creadas específicamente para la organización de estas transferencias.  Los porcentajes de TCE del total del PIB varían de acuerdo a los países y según los últimos datos de la CEPAL, el gasto público social creció fuertemente entre 1990 y 2008, en términos absolutos (de 445 a 880 dólares por persona) y relativos (de 12,3% a 18,4% del PIB).  Esto según explica la CEPAL y de acuerdo con los antecedentes disponibles de siete países aumentó el gasto social pese a que la mayoría registró una caída absoluta del PIB.   Según el informe, “varios ya habían efectuado incrementos del gasto social en 2008, y 5 de los 7 países hicieron un esfuerzo aún mayor en 2009 (el Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá). Si bien los restantes también aumentaron su gasto social, lo hicieron a un ritmo menor que en 2008” (véase el gráfico 14 y 15). (Vía Panorama social de América Latina 2010) Incluso, hay países como el Estado Plurinacional de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay que enfrentan un déficit fiscal excesivo por la implementación de estos programas y se ha requerido de la movilización de recursos adicionales de otras obligaciones del Estado como la eguridad y las donaciones de la  cooperación internacional.

¿Qué efectos a corto, mediano y largo plazo han tenido los TCE para América Latina?

A corto y mediano plazo estas medidas desembocan en sistemas sociales de esclerosis social y cultural que promueven la dependencia de los más pobres con respecto al Estado (y viceversa), generan múltiples incentivos de auto-realización y ampliación de los programas sin importar el efectivo disponible en los presupuestos públicos.  Estos programas aumentan su impacto social sin ser consistentes al aumento de la recaudación de impuestos de un país y/o su crecimiento económico.  Los datos han demostrado que en los años de aumento de los TCE las economías han visto una caída absoluta del PIB no sólo por causa de las TCE sino también de las recientes  crisis financieras.

A largo plazo, las TCE han permitido la proliferación de políticas de redistribución de la riqueza electoral-populista que han institucionalizado la dependencia, la cantidad de personas sostenidas por el gobierno y una preocupante reducción de las fuentes de ingreso del fisco.  Por simple aritmética, el resultado terminará muy pronto siendo negativo.

¿Hay otras opciones para ayudar a los más pobres?

El gobierno tiene como responsabilidad asegurar la defensa de los derechos individuales y esto incluye la protección de los derechos de propiedad de todos sus ciudadanos.  Es obligación del gobierno utilizar los impuestos tomados de sus contribuyentes para el beneficio de los mismos en materias de seguridad defensiva (ejército), seguridad interna (policía y juzgados), seguridad de emergencia (hospitales y servicios de emergencia de salud) sin que esto implique la redistribución de la riqueza y la creación de privilegios de ciertos grupos favorecidos sobre otros. Una de las críticas más serias que se ha hecho contra las TCE ha sido que estas transferencias han tenido siempre errores en la selección de beneficiarios: exclusión de hogares pobres e inclusión de hogares no pobres pues es imposible alcanzar una focalización perfecta (Adato, Boltvinik & Damián, La pobreza en México y el mundo: Realidades y desafíos. Siglo XXI Editores, México. 2004).

Es responsabilidad de padres e hijos buscar la auto-ayuda y colaboración familiar para asegurarse un acceso a las necesidades nutricionales diarias de toda la familia a pesar de que esto implique el trabajo de menores.  Es responsabilidad de los padres asegurarse este alimento y luego, sólo cuando sea posible, enviar a sus hijos a recibir la mejor educación que su poco (o mucho) dinero pueda permitirles pagar.  Eliminar los incentivos negativos del gobierno estableciendo salarios condicionados a los padres coadyuvará al desarrollo de sociedades más productivas, emprendedoras, menos pobres y más educadas.

Finalmente, debido a que el sistema económico-social en que Latino América ha sido fundado responde a una filosofía de vida que se sostiene en la redistribución de la riqueza y el altruismo, es imposible eliminar estos programas de la noche a la mañana.  Es necesario sostener programas de cientos de millones de dólares destinados a la salud, la educación, las pensiones y el bienestar social de los ciudadanos más pobres debido a su condición histórica y social. Sin embargo, sí es indispensable empezar a reducir drásticamente la inversión en estos programas para asegurar el crecimiento sostenible de los países, su desarrollo y enriquecimiento económico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos y quizás, algún día,  asegurar la vida en sistemas legales que no otorgan privilegios y permiten a los seres humanos realizarse plenamente.

El precio del azúcar


Uno de los negocios más lucrativos en la industria agrícola es la producción de azúcar (Saccharum officinarum).  Anualmente, se producen en el mundo 153,5 millones de toneladas (período 2008-2009), cerca de 10 millones de toneladas más que en la temporada anterior (figura 1) y los ingresos recibidos son multimillonarios.  El consumo de azúcar para la temporada 2009-10 es de 600,000 toneladas inferior al año anterior y el líder en el consumo es Brasil; seguido de (150.000 ton), China (600.000 ton) y Tailandia (100.000 ton).

Debido a la importancia de esta industria, tal y como ocurre en otras de gran escala, la protección gubernamental de la industria nacional y la interferencia directa del gobierno en la fijación de los precios de este producto ha sido la constante.  Así, es usual leer noticias en las que el gobierno de estos países productos implementa topes en el suministro nacional o establece cupos a la importación del producto, entre otras.  Esto lo hacen con el único fin de limitar la oferta, empobrecer a los consumidores finales, favorecer a empresarios e industrias menos competitivos, otorgar privilegios a grupos especiales y, a sabiendas, distorsionar el libre funcionamiento de la ley de oferta y demanda a pesar de conocer cómo funciona el mismo.

¿Y por qué hacen esto?

Uno de los motivos se encuentra en que el mainstream de académicos y economistas desconoce en qué se fundamenta la ley de ventaja comparativa y la manera en que esta resulta siempre (cuando hay ausencia de coerción gubernamental) en un juego de ganancia positiva para ambas partes.  Además, de que muchos consideran que los precios pueden ser fijados de manera eficiente por reguladores y mentes sabias sin comprender la verdadera manera en que funciona el mercado.

La ley de ventaja comparativa puede definirse como la ventaja que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor costo y, por lo tanto, permite que se intercambie este producto a precios competitivos en el mercado internacional.

En el caso del azúcar, el mayor productor de este producto agrícola es Brasil pues sus costos de producción son bajos, la producción es inmensa y la alta demanda del producto permite que la competencia pueda ofrecer precios más bajos en base a vender un mayor volumen y tener márgenes de ganancia más estrechos por unidad.  Pero también hay otros países que ofrecen el mismo producto en el mercado internacional y ofrecen precios similares debido a su interés por competir y/o aprovechar la ausencia de barreras comerciales implementadas con los tratados regulados de comecio (conocidos vulgarmente como Tratados de Libre Comercio).

Actualmente, la disponibilidad de azúcar en Guatemala se ha visto limitada porque este producto se está vendiendo más caro en los estados al sur de México.  Los distribuidores y comercializadores del mismo, han encontrado que obtienen mayores ganancias atravesando la frontera y empujando la competencia de precios.  Mientras tanto, la disponibilidad del producto en Guatemala se verá reducida y es muy probable que, si se deja libre, el precio del mismo suba.  A grandes rasgos, la comercialización de este producto funciona así,

En última instancia, los precios son establecidos por los juicios de valor del consumidor.  Y estos juicios son el resultado de una valoración de preferencias entre un producto A y B.  Ahora, la valoración y la tasación que permiten la fijación de precios es un proceso distinto, que Ludwig von Mises explica así,

“Cada una de las partes contratantes atribuye mayor valor a lo que recibe que a lo que entrega.  El tipo de cambio, es decir, el precio, no es la resultante de una identidad valorativa; es, por el contrario, el fruto de valoraciones diferentes.

La tasación se distingue netamente de la valoración.  No depende en absoluto de la valoración subjetiva que el bien pueda merecer al interesado.  No expresa el valor de uso subjetivo que el bien tiene para el sujeto, sino el precio anticipado que el mercado le fijará.  La valoración es un juicio que expresa una diferencia de aprecio.  La tasación, en cambio, es la prefiguración de un acontecimiento esperado.  El interesado prevé qué precio pagará el mercado por cierto bien o qué suma dineraria será necesaria para adquirir determinada mercancía.”

Ludwig von Mises en la Acción Humana, capítulo XVI

Así, actualmente los distribuidores de este producto han tasado el precio del producto en México distinto al precio que tasaron en Guatemala.  Estos consideraron que es más rentable para ellos ir a México a competir con los precios altos actuales debido a una escasez del producto que inició debido a la intervención del gobierno al intentar contrarrestar un descenso en la cosecha de azúcar de ese país durante el ciclo 2008-2009.  La cosecha fue afectada debido a una sequía que se extendió y dejó una producción por debajo de los 5,5 millones de toneladas que se habían proyectado.