La perversión de la ley


“¡Ley pervertida! ¡Ley – y con ella, todas las fuerzas colectivas de la Nación – desviada de su objetivo legítimo y dirigida a un objetivo totalmente contrario! ¡Ley convertida en instrumento de todas las codicias, en lugar de frenar las codicias! ¡Ley hacedora de iniquidad, cuando su misión era castigar la iniquidad! Ciertamente se trata de una situación grave y de su existencia se me debe permitir alertar a mis conciudadanos.

¿Cómo ocurrió esta perversión de la ley? ¿Y cuáles han sido las consecuencias? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes: el egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía. (…)

Bajo estas circunstancias, es concebible que la ley, en lugar de frenar la injusticia, se convierta en instrumento de injusticia, el más poderoso de todos los instrumentos de injusticia. Según el poder del legislador, es concebible que la ley construya, para provecho del legislador y en detrimento del resto de la humanidad, un sistema en el cual la esclavitud, la opresión y la expoliación agreden en diferentes grados la persona, la libertad y la propiedad.”

Lo anterior fue escrito por Frédéric Bastiat (1801-1850) mientras buscaba explicar la crisis de principios e ideas en que vivía el pueblo francés.  Los recientes acontecimientos en la escena política y legislativa en Guatemala son un reflejo de cómo la falta de objetividad, el egoísmo irracional y la deshonestidad intelectual han sumido a nuestro país en una crisis de principios como nunca antes vista.

La corrupción, los privilegios y el favoritismo corporativista están a la orden del día; su origen se encuentra en la inminente contradicción de valores e ideas que durante generaciones han desarrollado un sistema sui generis del corporativismo latinoamericano.

¿La solución?

  • La introspección informada, sin contradicciones, honesta y racional de los ciudadanos para entender cuáles son sus derechos y obligaciones.
  • El rescate de la definiciones de justicia, verdad y ley.
  • La devolución del poder del gobierno limitado a manos de un nuevo sistema constitucional que no permita los privilegios legalizados.
  • El rechazo moral de los corruptos, de sus familias y de quienes lucran en estos sistemas de gobierno mercantilistas.

Quienes rompen la ley y se entronizan en el poder


La ley, ¡pervertida! La ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar su objetivo lógico. ¡La ley, convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno! Frédéric Bastiat

La historia latinoamericana está plagada de políticos que “rompieron” con la ley y se establecieron en el poder acumulando privilegios.  El político, con la única intención de conseguir votos, ofrece privilegios y redistribuir la riqueza.  Luego, ya entronizados en el poder buscar mantenerse en él por más tiempo del que su elección les permite.  Una tercera vía, la de los políticos corruptos sale del gobierno y se esconde detrás de las cortinas de la política ya enriquecidos y millonarios con empresas que se sostienen de prestar servicios al gobierno.

Pero, ¿en qué ha fallado la democracia?

La primera falla se encuentra en que nuestros sistemas de gobierno han sido incapaces de establecer los frenos necesarios a los distintos poderes del gobierno.  De ahí que muchos políticos, presidentes y congresistas se hagan de inmensas cuotas de poder (tal y como hicieron los reyes).  La otra falla se encuentra en que los pocos frenos existentes han sido violados por leyes manipuladas a conveniencia de los gobernantes.  La ley máxima de un país, la Constitución, debió ser escrita para defender los derechos de los individuos y proteger a los ciudadanos de hombres que buscan otorgar privilegios para algunos pocos “elegidos”.

Una de las mejores obras para explicar lo anterior fue escrita por Frédéric Bastiat y hoy los invitamos a leerla completa: Sigue leyendo

¿Qué es la Libertad de emisión del pensamiento?


La Constitución Política de la República de Guatemala (Reformada por Acuerdo legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993) garantiza la protección de todas las personas y establece la organización del Estado para protegerlo (Artículo 1).  También, la Constitución establece que es el deber del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todas las personas. (Artículo 2)

De esta manera, en el artículo 35 de la Constitución, se garantiza la libertad de emisión de pensamiento y es un derecho constitucional de todos los  guatemaltecos reclamar ante la Corte de Constitucionalidad el respeto de la misma y lo es también exigir a los Magistrados de la Corte cumplir el juramento que hicieron de defender la Constitución Política de la República de Guatemala.

A continuación, el artículo 35 de la Constitución explica cuál es el derecho de Libertad de emisión del pensamiento,

Artículo 35.- Libertad de emisión del pensamiento.

Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derechos a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.

No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique al ofendido, deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación.

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y éstos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo, maquinaria y enseres de los medios de comunicación social.

Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho.

La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas, no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción, para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento.

Un jurado conocerá privativamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo.

Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento.

Los propietarios de los medios de comunicación social, deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida.